Agraviado por publicaciones de La Clave con respecto a significativos actos de corrupción a inicios de la pandemia del coronavirus, el Gral. de división (SR) Máximo Díaz Cáceres, querella autónoma mediante, sienta hoy al director del medio, Reinaldo Lugo, en el banquillo de los acusados con un exorbitante pedido de compensación. La causa se tramita ante el juez de sentencia Marino Méndez, presidente del tribunal unipersonal que convocó a las partes a efectos de iniciar el contradictorio público, en el que el recurrente pide la suma de G. 400 millones en concepto de compensación o pena carcelaria para el periodista.
El militar retirado, ministro-secretario del Concejo de Defensa Nacional (Codena), señaló en su escrito de querella que este medio lo había sindicado como receptor de sumas recaudadas por funcionarios de entes de control en la zona primaria de la Aduana de Ciudad del Este.
Sin embargo, la crónica aludida por el demandante señalaba simplemente que Máximo Díaz Cáceres “sería” uno de los beneficiados con el resultado de prácticas corruptas de uniformados del Área Naval del Este y funcionarios asignados a controles rutinarios en la cabecera del Puente de la Amistad. Esos hechos de alta corrupción pública fueron graficados durante mucho tiempo en plena pandemia por equipos de investigación del Grupo La Clave, con soportes en declaraciones de usuarios clandestinos del río Paraná, con anuencia del personal naval, encargado de la defensa fronteriza.
PAGOS Y PASOS
Las publicaciones no han tenido intención en momento alguno de direccionar los hechos hacia el recurrente. La lógica es sencilla en el caso, ya que el entonces comandante del Área Naval, capitán de navío Walter Díaz, permitía todo tipo de abusos, según denuncias recibidas en las diferentes plataformas del medio. Radio La Clave recibió, en su momento, denuncias concretas de paso por las aguas del Paraná, incluso, con costos en metálico y horarios específicos para el tráfico con permiso de los marinos. Ningún control fue realizado por los encargados de la presunta defensa nacional.
Como corolario de estas denuncias públicas, Walter Díaz fue removido del cargo el 21 de julio de 2020 y nombrado nuevo comandante a su camarada Cristhian José Rotela, por disposición del entonces comandante de la Armada, almirante Carlos Dionisio Velázquez, hermano del vicepresidente de la República, Hugo Velázquez, rescatado del retiro para elevarlo al cargo tras su destitución durante el anterior gobierno. Los actos de corrupción no pararon nunca y hasta periodistas de diversos medios de comunicación sufrieron las consecuencias de ser receptores de denuncias públicas.
TRAGICOMEDIA MILITAR
El general retirado Máximo Díaz Cáceres resolvió querellar al director de La Clave, a quien solicitó la astronómica suma como compensación, sin analizar los contenidos de las publicaciones periodísticas que denunciaban los hechos de corrupción propiciados por sus comandados, desde sus distintos puestos de trabajo. Está fehacientemente probada la existencia de actos de corrupción y los beneficios económicos personales en favor de sus protagonistas. Que se negociaba a cambio de dinero sin importar la norma, sí se negociaba y también está probada.
La distribución del dinero malhabido durante la pandemia por las fuerzas designadas para defender la soberanía nacional se desconocen. Incluso, se oyó halar de peleas internas durante la repartija de montos. Así que, la querella del general pierde fuerza. La Clave, en ningún momento le dijo que recibe dinero, más bien a manera de alerta, lo señaló como que “sería” uno de los receptores del dinero, producto de la corrupción.
CORROBORADO POR CBI
El presidente de la Comisión Bicameral de Investigaciones del Congreso, senador Jorge Querey, en su informe parcial, confirmó que personal del Área Naval del Este estaba involucrado en aquellos actos publicados por La Clave y que ahora sientan a Reinaldo Lugo en el banquillo de los acusados. Prueba acabada de ello es el proceso abierto contra unos nueve funcionarios públicos que compartían “tareas” en la zona primaria, imputados, acusados y esperando fecha para su juicio oral y público por los hechos de corrupción en el ejercicio de las funciones públicas.
Es así que, tanto la dirección general de La Clave Comunicaciones y todo el plantel de periodistas y funcionarios confiamos en la justicia, porque el derecho constitucional nos exige. Dejamos en el mejor saber y entender del juez Marino Méndez, el finiquito de la causa, siempre con el compromiso de publicar “la noticia en tu lenguaje”, como lo venimos haciendo desde hace más de cinco años en la región Este del país.
La función pública es un compromiso que obliga a la transparencia y eso debe saberlo Díaz Cáceres, quien, con su avieso y mezquino propósito, pretende coartar la libertad de prensa y expresión. Mientras tanto, desde La Clave, seguiremos tratando de estar, cuando menos, muy cerca de la verdad.
